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Entrega de información secreta: la conversación que derivó a la formalización del director de la PDI

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A primera hora de este viernes, en el marco del Caso Audio, el allanamiento a la casa y oficina del director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, generó un verdadero terremoto judicial y político.

Recordemos que dicha investigación está relacionada con un audio filtrado de una reunión privada entre el abogado Luis Hermosilla, su par Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer.

En la instancia, los involucrados hablaron de pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Esto, a cambio de favores e información.

Tras el allanamiento -a cargo del OS7 de Carabineros- y conocer que será formalizado, el director de la PDI fue citado a La Moneda para reunirse con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

Caso audio: ¿Por qué se formalizará al director general de la PDI?

La vinculación de Sergio Muñoz con el Caso Audio ocurrió luego del peritaje al teléfono celular del abogado Luis Hermosilla.

Se trata de una conversación relacionada con el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, quien fue acusado por delitos de malversación y lavado de activos. Hermosilla era su abogado.

Por lo anterior, el actual director nacional de la Policía de Investigaciones (PDI) será formalizado -el próximo martes 19 de marzo- por dos posibles infracciones: al artículo 31 de la Ley 19.913 y al artículo 246 del Código Penal.

“La investigación de los delitos a que se refieren los artículos 27 y 28 de esta ley será siempre secreta para los terceros ajenos al procedimiento y también para los terceros afectados por una investigación preliminar del fiscal”, dice el artículo 31 de la Ley 19.913.

En tanto, el artículo 246 del Código Penal -sobre violación de secretos- establece que “el empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio (…) incurrirá en las penas de suspensión del empleo en sus grados mínimo a medio o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales, o bien en ambas conjuntamente”.

En simple, ambas disposiciones legales castigan a quienes entreguen o difundan antecedentes de carácter secretos en una investigación.

Además, según consignó La Tercera, la formalización no sólo sería por la investigación contra la exautoridad de la PDI, Héctor Espinosa, sino también al menos otras tres.

En concreto se trataría de investigaciones que la misma PDI estaría desarrollando, por lo que el delito de violación de secreto sería aún más grave.

Primera Fuente
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