La senadora Fabiola Campillai se refirió a la diligencia realizada por la Policía de Investigaciones (PDI) en su domicilio de San Bernardo, en el marco de la investigación que enfrenta su yerno, Gerard Cortés Guerrero, imputado por presuntas amenazas y lesiones.
Según reveló Reportajes de Teletrece, detectives acudieron al inmueble para solicitar un ingreso voluntario como parte de las diligencias destinadas a establecer si existió un arma de fuego durante un incidente ocurrido el pasado 11 de mayo de 2025.
La investigación se originó tras una denuncia presentada por vecinos, quienes acusaron a Paloma Castillo Campillai, hija de la parlamentaria, y a su pareja Gerard Cortés de proferir amenazas de muerte durante una discusión.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, una de las denunciantes aseguró que ambos la intimidaron verbalmente, mientras que otro afectado afirmó que Cortés descendió de un vehículo portando un arma de fuego, lo amenazó de muerte y posteriormente lo golpeó en la cabeza con ella.
En ese contexto, la Fiscalía instruyó diligencias para verificar la existencia del arma, motivo por el cual la PDI concurrió al domicilio de la senadora para solicitar autorización de ingreso.
Sin embargo, la familia decidió no permitir el acceso a los detectives debido a que no contaban con una orden judicial que autorizara el procedimiento.
Tras conocerse el caso, la senadora Fabiola Campillai explicó que, momentos antes de la llegada de los funcionarios policiales, había sufrido una crisis de salud.
“Minutos antes de que llegaran los detectives a mi casa yo me encontraba en la Bicrim, donde sufrí un ataque de epilepsia. Una vez estabilizada fui trasladada a mi hogar, donde no tuve contacto hasta el día siguiente”, señaló la parlamentaria.
Asimismo, sostuvo que la decisión de no autorizar el ingreso respondió a una recomendación de su defensa jurídica.
“Es mi abogado, al consultar si la PDI venía con una orden, lo cual no tenían, le dijo a mi hija que evitara el ingreso”, explicó Campillai.
El caso continúa siendo investigado por el Ministerio Público, mientras Gerard Cortés Guerrero enfrenta un proceso judicial por los delitos de amenazas y lesiones.