Miembros del propio régimen venezolano habrían colaborado con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en la vigilancia y localización del presidente Nicolás Maduro, información que resultó clave para concretar su posterior captura, según reveló este sábado el New York Times, citando fuentes vinculadas a la operación.
De acuerdo con el reporte, funcionarios del Gobierno venezolano proporcionaron datos sensibles sobre los movimientos, rutinas y patrones de vida del mandatario, lo que permitió a los servicios de inteligencia estadounidenses elaborar un perfil detallado y planificar la operación con alto grado de precisión.
Las fuentes indicaron que agentes de la CIA operaron clandestinamente en Venezuela desde agosto de 2025, período en el que recopilaron información estratégica que facilitó la ejecución del operativo. No obstante, hasta ahora no se ha aclarado de qué manera fueron reclutadas las fuentes internas que entregaron la ubicación y hábitos del presidente venezolano.
Exfuncionarios estadounidenses consultados por el medio señalaron que la recompensa de hasta 50 millones de dólares ofrecida por Washington a cambio de información que condujera a la captura de Maduro habría sido un factor determinante para quebrar la lealtad de algunos miembros del régimen y obtener su cooperación.
Si bien la CIA tuvo un rol central en la obtención de inteligencia y la planificación estratégica, las mismas fuentes precisaron que la operación no fue ejecutada directamente por la agencia. La fase final estuvo a cargo de fuerzas de operaciones especiales del Ejército de Estados Unidos, actuando bajo autoridad de aplicación de la ley, y no como una misión encubierta clásica de la CIA.
Funcionarios citados por medios estadounidenses describieron la operación como el resultado de “meses de meticulosa planificación”, subrayando que Nicolás Maduro estuvo “intervenido” y bajo seguimiento permanente desde el inicio del operativo, lo que redujo los márgenes de error y permitió una captura rápida y controlada.
La revelación abre un nuevo capítulo en la crisis venezolana, evidenciando fracturas internas dentro del aparato de poder y planteando interrogantes sobre el alcance real de las lealtades dentro del régimen, así como sobre las repercusiones políticas y judiciales que podría enfrentar el país en el corto y mediano plazo.