Medios confirmaron que la suspendida jueza Irene Rodríguez, titular del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, está imputada por el delito de prevaricación culposa vinculado a la liberación irregular del sicario formalizado por el asesinato del “Rey de Meiggs”.
Así las cosas, Rodríguez pasó a ser investigada y declaró ante la Policía de Investigaciones (PDI) por la excarcelación de Carlos Alberto Mejía Hernández.
La investigación se centraría en una presunta “negligencia grave o ignorancia inexcusable” por parte de la jueza al resolver la liberación del homicida.
Recordemos que el pasado 26 de julio, el Poder Judicial suspendió de sus funciones a la magistrada. En su defensa frente a los medios de comunicación, la jueza cuestionó a Gendarmería por “no cotejar” los oficios emitidos por el 8° Juzgado de Garantía, además de señalar que la resolución que dejaba sin efecto la prisión preventiva no debía llegar a dicha institución.
n esa línea, la magistrada expuso que Gendarmería recibió los tres oficios que ordenaban las prisiones preventivas de los primeros tres imputados por el asesinato de José Felipe Reyes Ossa. Entre ellos se encontraba el último, emitido a las 20:28 horas del 9 de julio, que confirmaba la medida cautelar, luego del primero a las 20:17 y del que ordenó la libertad del sicario a las 20:25.
Asimismo, la magistrada calificó como un error la remisión a Gendarmería de la resolución de las 20:25.
“Ese, a mi juicio, fue un error, un error de haberlo remitido a Gendarmería“, afirmó.
Respecto a los distintos oficios enviados, la jueza criticó el actuar del organismo: “Es cuestión de cotejar, cuál primero, cuál después, nada más, y si hay dudas, llamar al tribunal“, planteó.
Consultada sobre si efectivamente fue una equivocación de la institución mencionada, Rodríguez respondió: “Creo que eso sí fue un error, porque aunque haya llegado ese oficio con ese formato de ‘deja sin efecto’ y ‘libertad’, que es un formato tipo, a pesar de que llegó ese que no debió llegar, eso está claro, eso todos lo sabemos”, dijo la jueza que ordenó la liberación del sicario.