Pía Greene, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián, alertó que Chile se encuentra en una fase “intermedia” en su camino hacia un narcoestado. Según explicó en entrevista con El Diario de Cooperativa, el país ya superó la etapa de disputa territorial entre bandas criminales y actualmente vive un proceso de penetración institucional.
“El poder de las organizaciones criminales que se han instalado en Chile es tan alto que puede corromper a cualquier tipo de persona. Si no lo atajamos luego, esto va a escalar a una etapa simbiótica, donde el crimen organizado se mezcla con el poder político, como ocurre en los narcoestados”, advirtió la experta, quien fue jefa de estudios del Ministerio del Interior durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.
Greene sostuvo que el crimen organizado ya no se limita a delitos comunes, sino que está afectando la institucionalidad, la democracia y las libertades ciudadanas. “Esto no se resuelve con militares en las calles ni con copamientos policiales”, subrayó.
Tres medidas clave contra el avance del crimen organizado
La investigadora propuso tres medidas urgentes para enfrentar la amenaza:
- Coordinación interinstitucional: Denunció una grave desconexión entre las distintas instituciones del Estado. “No están compartiendo información en tiempo real ni articulando una respuesta conjunta”, afirmó.
- Fortalecimiento de la inteligencia: Criticó el rezago en las reformas a las leyes de inteligencia (una de ellas estancada desde 2018) y la debilidad de la actual Agencia Nacional de Inteligencia. También urgió avanzar en inteligencia económica para seguir la ruta del dinero ilícito.
- Reforma al sistema penitenciario: Greene propuso transformar Gendarmería en una fuerza de orden con mayor estatus y presupuesto, dependiente del Ministerio de Seguridad. También planteó que las cárceles de alta seguridad son necesarias, pero insuficientes si no se aborda el problema estructural del sistema carcelario.
Caso del sicario venezolano y fallas del sistema
El caso del presunto sicario venezolano Alberto Carlos Mejía, actualmente prófugo, refleja las falencias del sistema penal y migratorio, dijo Greene. En 2022, Mejía fue detenido por robo con violencia y porte de arma blanca, pero no se le tomaron huellas digitales ni se le asignó un RUT, lo que hoy dificulta su identificación.
Camila Leyton, abogada y académica de la Usach, aseguró que el sistema legal sí contempla mecanismos para evitar este tipo de errores. “Cuando una persona es detenida en flagrancia, se puede ampliar su detención hasta por tres días, tomarle huellas y asignarle un RUT. La identidad asignada es secundaria; lo que importa es la relación entre las huellas y ese RUT”, explicó.
Además, recordó que la ley permite decretar prisión preventiva en casos donde la identidad del detenido no está clara, especialmente para personas extranjeras en situación irregular.
Por su parte, Marta Herrera, exdirectora jurídica del Ministerio Público, señaló que el sistema de justicia criminal tiene fallas estructurales. “Muchas personas extranjeras participan en delitos y, por las dificultades para individualizarlas, también pueden ser utilizadas por bandas criminales”, dijo. A su juicio, es urgente que el Estado sea capaz de identificar a quienes ya han cometido delitos en Chile.
