El fiscal nacional Ángel Valencia se refirió este viernes a los casos de narcotráfico que involucran a integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea de Chile (FACh), y advirtió sobre posibles nexos con el crimen organizado internacional.
“Lo que hemos detectado es que, generalmente en Chile, con mucha frecuencia, el narcotráfico asociado a ketamina está relacionado con bandas integradas por ciudadanos venezolanos, relacionadas muchas de ellas con el Tren de Aragua. Podría ser este el caso”, indicó en conversación con radio ADN.
Valencia sostuvo que estos grupos suelen tener redes transnacionales, por lo que destacó la necesidad de una cooperación internacional más efectiva: “Podemos eliminar a los que trajeron la droga, pero si no atacamos a los que la están proveyendo (…) o que la están financiando, no vamos nunca a interrumpir esa actividad criminal”.
Agregó que están trabajando para articular una alianza contra el crimen organizado similar a la impulsada por la fiscalía de Países Bajos en Europa, pero en el marco del comité de Mercosur.
Consultado sobre la magnitud de estos hechos, a raíz de las declaraciones de la fiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert sobre la posible masividad de los casos, respondió: “No sé qué quiere decir cuando habla de ‘por aislado’. (…) En pocos días hemos tenido tres hallazgos, algunos relacionados con el Ejército, otros con la Fuerza Aérea. Podríamos estar discutiendo largo rato acerca de si eso es o no aislado”. Sin embargo, enfatizó que por ahora “no tenemos antecedentes que permitan sostener que esto es una situación generalizada o masiva”.
“Están en la zona norte y tienen que ver, en ambos casos, con narcotráfico. Entonces, uno podría discutirlo, por supuesto. Pero no tenemos antecedentes, me parece, que permitan sostener que esto es una situación generalizada o masiva. Hasta el momento no tenemos nada que nos permita hacer una afirmación tan grave y delicada como esa”, añadió.
Sobre la controversia entre la justicia militar y la civil, Valencia fue categórico: “No cabe duda que esto dificulta la investigación, la entorpece, no es para nada algo beneficioso”. Recalcó que, desde la perspectiva del Ministerio Público, “esto estaba bastante claro, que es de competencia de la justicia civil”, señalando que el Código Orgánico de Tribunales establece que los hechos deben entenderse ocurridos en el lugar donde comienza su ejecución.
