El alcalde de Curicó, George Bordachar, expresó su profunda molestia tras conocerse un caso que ha generado indignación en la comunidad. Según un informe de la Contraloría General de la República, 184 trabajadores del sector público —pertenecientes a áreas como salud, educación y al propio municipio— habrían realizado viajes internacionales entre 2023 y 2024 mientras se encontraban con licencias médicas.
Ante esta situación, el jefe comunal estableció un plazo de 72 horas para revisar uno a uno los casos, mediante un cruce de datos exhaustivo que permita determinar responsabilidades. «Recibimos un listado con los RUT de los involucrados y vamos a actuar con celeridad. No se puede tolerar este tipo de abuso con recursos del Estado», declaró el alcalde.
Bordachar calificó como inaceptable que funcionarios que deberían estar en reposo médico hayan utilizado ese tiempo para salir del país, y lamentó el impacto que esto genera no solo en las finanzas municipales, sino también en el funcionamiento cotidiano de los servicios públicos. “Esto afecta directamente a los compañeros que deben asumir una carga laboral adicional por culpa del ausentismo”, advirtió.
Según estimaciones entregadas por la propia autoridad, entre 2013 y 2019 el municipio dejó de recibir más de 3 mil millones de pesos producto de licencias médicas irregulares, pérdidas que, según explicó, deberían ser compensadas por instituciones como Fonasa o las isapres. A esto se suma una merma mensual cercana a los 350 millones de pesos.
Como respuesta, se anunció la pronta implementación de medidas más estrictas para quienes soliciten licencias médicas, con el fin de evitar que se continúe vulnerando el sistema. Estas incluirán controles más rigurosos, fiscalización cruzada de viajes al extranjero y colaboración con organismos como la PDI y Fonasa.
Este caso se da en un contexto nacional donde el Gobierno ha reforzado su discurso de “tolerancia cero” frente a la corrupción en el uso de licencias médicas. De hecho, recientemente se promulgó una ley que endurece las sanciones contra los profesionales de la salud que extiendan justificativos sin fundamentos médicos válidos.
El alcalde Bordachar concluyó señalando que la prioridad es restituir la ética en la función pública: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para recuperar la confianza de la ciudadanía y proteger los recursos de todos los curicanos”.