De acuerdo con el noveno Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) elaborado por la Contraloría General de la República, en el periodo 2023-2024, cerca del 24% de las licencias médicas presentadas por funcionarios públicos y trabajadores que laboran en instituciones financiadas con fondos públicos coincidieron con salidas y entradas al país en el mismo período.
De las 25.078 personas que incumplieron con el reposo establecido en las licencias médicas, al menos 125 de ellas registraron entre 16 y 30 viajes fuera de Chile y un grupo de 51, más de 31 viajes. No se conoce el dato de quienes viajaron al interior del país.
En este informe se consigna que estos funcionarios públicos emitieron 39.585 licencias médica y en su conjunto, habían entrado y salido del país en 59.575 ocasiones durante el período de licencia.
Bien sabido es que el Estatuto Administrativo le otorga a los trabajadores del sector público que hacen uso de licencia médica el derecho a percibir el total de sus remuneraciones en el período de su ausencia, y que es el organismo público quien gestiona el pago del subsidio (beneficio del que no gozan los trabajadores del sector privado a quienes se les descuentan los días de ausencia), por lo que la práctica de solicitar licencia médica no reviste ningún costo económico para quien lo realiza, menos si con ello piensa en viajar.
Habida consideración que la licencia médica certifica la incapacidad temporal para trabajar y es otorgada por profesionales de la salud, permitiendo al trabajador ausentarse o reducir su jornada laboral, y percibir un subsidio, lo consignado en este informe es a todas luces un acto de corrupción, en el que participa el profesional que la emite, el funcionario público que la solicita y la institución pública que guarda silencio. Y todos en su conjunto convergen con su actuar y complicidad para ejecutar este fraude al fisco.
El propio Estatuto Administrativo establece que funcionarios públicos deben tener una conducta intachable y honesta, priorizar el interés general sobre el personal, actuar con rectitud, honradez y transparencia en el ejercicio de la función pública y evitar todo tipo de conflictos de intereses y cualquier tipo de comportamiento que pueda poner en riesgo la integridad de la administración pública; por lo que protagonizar un acto de corrupción como el descrito en el informe pone en riesgo la credibilidad del sistema de protección de los y las trabajadoras del país.
Parece ser tiempo ya de revisar el Estatuto Administrativo y revisar preceptos que parecen privilegios como este, modernizar la normativa que rige la función pública, reflexionar sobre el estatus de los funcionarios públicos y su rol en la sociedad chilena, porque para casos de corrupción y faltas a la probidad como el que ha revelado la Contraloría General de la República, la respuesta institucional no puede ser la resignación ni la normalización de lo inaceptable.
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Dra. Karina Doña
Directora Carrera de Administración Pública
Universidad Autónoma de Chile – Talca
