La municipalidad de Maipú denunció el actuar de una banda criminal que se dedica a vender terrenos de uso público, principalmente a inmigrantes. La presunta agrupación, de nacionalidad colombiana, amenaza a sus clientes ante la demora de los pagos.
La organización criminal actúa en una toma establecida, en la intersección de Camino a Melipilla con Avenida Pajaritos. El asentamiento está compuesto por más de un 90% de personas migrantes, muchos de ellos en condición irregular. Los moradores no tienen acceso a agua potable, alcantarillado y otros servicios básicos.
“Comenzamos a recibir denuncias de los vecinos de que este campamento estaba creciendo permanentemente y que día tras día se iban instalando nuevas casas. Esto estaba asociado a una banda que demarcaba los terrenos para posteriormente venderlos a personas migrantes, cobrando una tarifa por ello siendo que los terrenos son bienes nacionales de uso público. Luego extorsionaban a las familias que no podían pagar mes a mes”, señaló el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.
El edil, quien presentó una querella criminal en contra de los responsables por los delitos de estafa y asociación ilícita, comentó la complejidad de tomar acciones en el lugar. “El proceso de erradicación tardará muchos años, por ahora no tenemos la facultad ni la capacidad operativa para hacerlo”.
Según un reportaje realizado por Chilevisión tras la denuncia de la alcaldía de Maipú, se detalla que la banda extranjera es de al menos 5 personas. “Si no pagaba venían con cuchillos y pistolas, a las 2 o 3 de la mañana”, señalaron moradores del campamento. Los montos van desde los 500.000 hasta los 5.000.000 millones de pesos según los niveles de construcción.
Palabras de Techo
Techo es una de las organizaciones que trabaja actualmente en esta toma. Isidora Villa, directora de Techo Región Metropolitana, comentó que la situación es “algo muy difícil de mapear”.
“La gente del campamento no habla de esto con nosotros, hay mucho miedo, mucho riesgo. Es el aprovechamiento más extremo que se le puede hacer a una persona en situación de pobreza”. Según señaló la misma organización , 82.000 familias viven en campamento en el país.
La causa ya se encuentra siendo investigada por la Fiscalía de Maipú. “Existen algunos antecedentes que podrían constituir delitos”, señalaron.
