La Municipalidad de Curicó, representada por su alcalde George Bordachar, presentó una querella criminal por presunto fraude al fisco en contra de Roberto García Parra, exadministrador del Cementerio Municipal y actual consejero regional (CORE). La acción judicial fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de Curicó y apunta a eventuales delitos cometidos durante su gestión entre 2014 y 2024.
Según la querella, el exfuncionario habría ejecutado una serie de maniobras ilícitas mientras ejercía su cargo, “aprovechando su posición de autoridad y accediendo directamente a familias en situación de vulnerabilidad emocional”, para desviar pagos, ofrecer servicios irregulares y apropiarse de dinero que debía ingresar a las arcas municipales.
Modus operandi denunciado
El documento detalla que García habría realizado gestiones paralelas e informales, entre ellas:
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Desviar usuarios hacia atención privada, fuera del sistema institucional.
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Cobrar pagos en efectivo sin registrarlos en los sistemas municipales.
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Ofrecer nichos con plazos falsos —entre cinco y veinte años— que luego eran inscritos por periodos mínimos de hasta tres meses.
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Cobrar valores superiores a los aranceles oficiales.
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Ofrecer nichos “perpetuos”, figura inexistente en la normativa vigente.
La querella afirma que estos actos “defraudaron directamente el patrimonio municipal”, configurando un perjuicio económico ya sea efectivo o eventual.
Casos que destaparon la denuncia
La investigación interna comenzó cuando familias afectadas detectaron inconsistencias en los plazos de arriendo de nichos al ver estampes de vencimiento que no coincidían con lo que García les había prometido.
Uno de los episodios descritos corresponde al caso de Mario Humberto Bustos Castro y Juana Rojas, quienes en 2015 pagaron $600.000 por una reubicación de terreno que, según la normativa municipal, es gratuita. El documento sostiene que García instruyó falsamente que el cheque fuera emitido a su nombre personal.
Fundamentos legales de la querella
La acción judicial se basa en el artículo 239 del Código Penal, que sanciona el delito de fraude al fisco cuando un funcionario público interviene en operaciones propias de su cargo defraudando o permitiendo que se defraude al Estado o a una municipalidad.
El municipio también señala que, dado que García fue desvinculado el 30 de diciembre de 2024, el plazo de prescripción comienza a correr desde esa fecha, según el artículo 260 Bis del Código Penal.
Diligencias solicitadas a la Fiscalía
La querella pide que el Ministerio Público instruya diversas acciones investigativas, entre ellas:
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Orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI.
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Declaración de víctimas y testigos relacionados con los presuntos hechos.
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Citación de Roberto García Parra en calidad de imputado.
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Incorporación de documentos, cheques y comprobantes que respaldan la denuncia.
