Dando una señal de tolerancia cero frente a las malas prácticas y el uso indebido de recursos públicos, el alcalde de Molina, Felipe Méndez, anunció la destitución de David Bugueño (Coordinador de Turismo), Margot Lueiza(Directora de Didel) y Gabriel Silva (Director de Salud), tras acoger las conclusiones de los fiscales a cargo de las investigaciones.
El hallazgo de propaganda política en dependencias municipales, detectado por un funcionario de la Contraloría General de la República, derivó en la destitución de estos tres altos funcionarios de la Municipalidad de Molina, tras comprobarse —mediante extensos sumarios administrativos— su responsabilidad en el uso de instalaciones públicas para fines electorales.
Los exfuncionarios almacenaron material de campaña, incluyendo palomas con propaganda del entonces candidato a alcalde Gabriel Silva, al interior de la Dirección de Desarrollo Económico Local (Didel), vulnerando las normas de probidad y neutralidad que rigen el actuar de los servidores públicos.
Durante el proceso disciplinario, los involucrados intentaron desviar su responsabilidad hacia funcionarios a honorarios, versiones que fueron descartadas por testigos y pruebas documentales recabadas durante la indagatoria.
“Un sello de nuestra administración es que no vamos a tolerar las malas prácticas, sea de quien sea. Tal como fuimos el primer municipio del país en desvincular a quienes viajaron al extranjero con licencia médica, hoy reafirmamos que en Molina los recursos públicos se respetan y se protegen”,expresó el alcalde Méndez.
Según lo establecido en la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el principio de probidad administrativa obliga a todo funcionario público a “observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función, con preeminencia del interés general sobre el particular” (artículo 54). Asimismo, el artículo 64 de la misma norma prohíbe expresamente el uso de bienes o instalaciones públicas para fines ajenos a los institucionales.
Con esta medida, la actual administración reafirma ante la ciudadanía su compromiso con la probidad y la transparencia en el servicio público, ratificando que toda acción contraria a estos principios será sancionada con rigor. La decisión del alcalde busca fortalecer la confianza de la comunidad en sus instituciones y recordar que el respeto por la ética y el buen uso de los recursos municipales es una condición esencial para ejercer funciones en el Estado.
