Un proyecto de ley en trámite en la Cámara de Diputados busca tipificar y sancionar con multas elevadas —y en casos, incluso penas de reclusión— a quienes ejerzan, sin autorización, labores de “acomodador”, cuidador o limpieza de vehículos en la vía pública, un fenómeno conocido coloquialmente como estacionadores informales. La iniciativa está motivada por denuncias de cobros excesivos, amenazas a conductores y desorden en la vía pública.
Qué propone la iniciativa
La iniciativa —refundida a partir de varias mociones ingresadas en 2025 y cuyo informe de comisión fue publicado en septiembre de 2025— plantea:
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Sanciones de reclusión menor en su grado mínimo (aprox. 61 a 540 días) o multas que irían entre 10 y 50 UTM para quienes ejerzan estas actividades sin autorización.
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En caso de reincidencia, la pena aumentaría a un rango de 541 días a 3 años y un día; si el reincidente es extranjero, la norma contempla que ello pueda ser causal de expulsión según la Ley de Migración.
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Se incorpora la regulación de tareas conexas como la limpieza de parabrisas y el “cuidado” de vehículos en la vía pública.
¿Cómo funcionaría en la práctica la fiscalización?
Según el texto y las exposiciones ante la Comisión de Seguridad Ciudadana, la aplicación de las sanciones requeriría coordinación entre diversos actores: municipalidades (control del espacio público), Carabineros (intervención cuando haya amenazas o delitos), y la fiscalía (procedimiento penal cuando corresponda). El informe de la comisión recoge antecedentes técnicos y la participación de organismos como el Observatorio Territorial de Seguridad de la Asociación de Municipalidades (AMUCH) en el estudio del proyecto.
Estado del trámite y próximos pasos
El proyecto —ingresado entre marzo y junio de 2025 por parlamentarios de la bancada Republicana (con Cristián Araya entre sus promotores)— ya fue analizado por la Comisión de Seguridad Ciudadana, que lo aprobó en particular y lo remitió a la Sala de la Cámara para seguir su tramitación. Si la Sala aprueba, pasaría al Senado para su segundo trámite constitucional.
Balance final
La iniciativa responde a una queja ciudadana real: conductas de cobros arbitrarios y, en ocasiones, amenazas, busca recuperar espacios públicos y frenar prácticas de extorsión y coacción relacionadas al cobro por estacionamiento en la calle. Si se aprueba con mecanismos administrativos claros (registro nacional, facultades de los inspectores, coordinación con seguridad municipal y dotación presupuestaria), podría reducir prácticas abusivas. Sin embargo, su éxito depende de que no quede solo en sanciones penales: la experiencia legislativa y los propios informes de comisión muestran que sin recursos y coordinación territorial la norma puede enfrentar dificultad para desplegarse y, además, producir controversias por efectos procesales y sociales.
