El pasado viernes, la Contraloría General de la República remitió un oficio a 232 municipalidades para que detallen los descuentos en las remuneraciones de profesores que hayan dejado de trabajar para participar en paralizaciones. Una información que ya había sido solicitada a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Según consignó Emol, desde el ente fiscalizador señalaron que “la ausencia de los servidores públicos de sus labores por adherir voluntariamente a una paralización irregular de actividades implica necesariamente el descuento a sus remuneraciones del valor del tiempo no trabajado, por cuanto esa situación no configura causal que justifique la inasistencia”.
Razón por la que solicitaron a los municipios informar “acerca de las medidas adoptadas para dar continuidad al servicio durante la referida paralización y de aquellas que ha dispuesto para hacer efectivos los respectivos descuentos de remuneraciones que procedan, como asimismo, de otras providencias que dicha repartición haya adoptado en relación con la indicada situación”.
“Sin que obste a lo anterior, en caso de no haberse efectuado aún los pertinentes descuentos de remuneraciones de los funcionarios que se ausentaron de sus labores por participar en la aludida movilización, dichas entidades deberán, tan pronto estos se hagan efectivos, complementar la información, comunicando documentada y detalladamente los servidores que hayan sido sujeto de tales descuentos y los montos respectivos”, detallaron.
De esta forma, desde la CGR pidieron remitir dicha información “dentro del plazo de 5 días hábiles”.
La molestia en el Colegio de Profesores por las acciones de Contraloría
Recordemos que, la semana pasada, la entidad liderada por Dorothy Pérez ya había zanjado que “la ausencia de los profesionales de la educación de sus labores, por adherir voluntariamente a una paralización ilegal de actividades, conlleva necesariamente el descuento en sus remuneraciones del valor del tiempo no trabajado”.
Esto fue criticado por el Colegio de Profesores, y en particular por su presidente, Mario Aguilar, quien sostuvo que Chile vive “una fuerte e inusitada operación política para atentar contra los derechos laborales, contra los derechos conquistados, contra la posibilidad de movilizarse y de reclamar contra malas condiciones de trabajo”.
El líder gremial sostuvo que con su dictamen, la CGR “quitó, eliminó, el derecho que se había conquistado con la misma Contraloría, respecto a la confianza legítima para trabajadores del sector público que laboran a contrata”.
Así, concluyó que la Corte Suprema y otras instancias judiciales “reconocen el derecho a movilizarse por parte de las y los trabajadores. Eso se está pretendiendo desconocer hoy”.
