Controversia política crece tras revelarse conversación entre el Mandatario y su psiquiatra interceptada en la investigación contra la Fundación ProCultura.
El Frente Amplio acusó una operación política destinada a desprestigiar al Presidente Gabriel Boric, luego de que se dieran a conocer detalles de una conversación entre el Mandatario y su psiquiatra, Josefina Huneeus, en el marco de la investigación sobre presuntos delitos cometidos por la fundación ProCultura, dirigida por el exesposo de Huneeus, Alberto Larraín.
La interceptación telefónica generó polémica debido a que Huneeus no figura como imputada en la causa. Ella misma presentó un recurso de amparo acusando espionaje, argumentando que su calidad de testigo no justifica medidas intrusivas como una escucha telefónica.
Camila Miranda, secretaria nacional de Contenidos del Frente Amplio, afirmó en Radio Cooperativa que “la intercepción del celular de una persona no imputada es ilegal según la ley chilena. Se trata de una práctica que podría constituir espionaje y que da señales de un uso político de herramientas judiciales. Se busca vincular al Presidente con una investigación en la que no es parte. Esto es un intento de desprestigiarlo”.
La dirigente también destacó que “el Presidente Boric ha sido claro y coherente al colaborar con la justicia cada vez que ha sido requerido. Usar acusaciones parciales en un contexto electoral es grave y daña la democracia”.
Desde la oposición, el exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) desestimó los cuestionamientos del oficialismo y sostuvo que la intervención fue autorizada por un juez. “Hay una disociación entre la posición del Presidente, que dice confiar en la justicia, y la postura de su partido, que acusa persecución. Es una contradicción evidente”, señaló.
Ubilla también criticó al Frente Amplio por sus reacciones en otros casos relacionados con fundaciones: “Hace un año defendían la inocencia en Democracia Viva, y hoy su expresidenta es formalizada”.
Desde la UDI, Claudio Arqueros acusó desconexión del Gobierno con las preocupaciones reales de la ciudadanía: “Los políticos del oficialismo no comprenden el descrédito de las instituciones. En el caso Convenios hay indicios claros de fraude desde el inicio, con facturas número 1, lo que indica premeditación”.
A su vez, Alejandra Krauss, secretaria nacional de la Democracia Cristiana, llamó a la prudencia. “El Presidente no debe comentar el fondo de una investigación en curso. Existe una doctrina penal que cuestiona toda evidencia obtenida a partir de procedimientos irregulares. Si hubo una interceptación sin respaldo judicial adecuado, todo lo derivado de esa acción puede ser invalidado”, explicó.
Krauss recalcó la necesidad de una investigación a fondo y sin excepciones: “El compromiso debe ser claro: caiga quien caiga. Las platas públicas no pueden financiar la política ni enriquecer a particulares”.
