En la mañana de este miércoles, se inició la demolición de la «Toma VIP» de Constitución, ubicada en el sector de Puerto de Maguillines, donde en un comienzo algunos habitantes se negaron a desalojar las viviendas y se procedió a detener a una persona.
La orden de demolición de los 31 domicilios se logró luego de dos años de conflicto, el que finalmente concluyó con un fallo de la Corte de Apelaciones de Talca, con fecha del pasado 26 de abril.
El abogado de los ocupantes, Alonso Basualto, recomendó a sus representados que no desalojarán las viviendas. «Eso se conversó y se planteó por escrito ayer (martes), a la Municipalidad y a la Capitanía de Puerto», señaló.
«El abuso de autoridad siempre atemoriza, pero no es mi caso, ni el de mis clientes«, sostuvo.
Cabe señalar que el alcalde Fabián Pérez advirtió que si las personas no desalojan se hará uso de la fuerza pública.
«Nosotros estamos acá conforme a una resolución emanada por la autoridad, en apoyo a personal de La Armada de Chile, quienes son los encargados de efectuar la tramitación de este desalojo. Nosotros estamos resguardando el orden en el sector», indicó el mayor Gamboa de Carabineros.
Respecto a los ocupantes, afirmó que «deben desalojar, están notificados de este procedimiento. En caso de que no quieran desalojarson detenidos por delitos de desórdenes«.
En cuanto a la persona detenida, indicó que «por lo que manifiesta el director de seguridad pública de la Municipalidad, lo habría empujado, lo habría agredido, así es que es un detenido entregado por personal de civiles».
Uno de los habitantes de esta toma afirmó: «A nosotros no se nos ha notificado de un desalojo, no se no ha notificado nada».
«Obviamente es que si nos dicen que nos desalojan en cinco o diez días tendríamos que irnos o nos sacarían a la fuerza, pero hasta ahora están todas nuestras cosas adentro, yo tengo el restaurante, va a abrir», agregó.
Además, indicó que recién el pasado martes se enteraron de que iba a ocurrir esta demolición.
Se trataba de casas, cabañas e, incluso, un restaurante, que estaban construidos en un terreno fiscal de uso público, a orillas del mar y sin ningún permiso de edificación.
Desde el 2021 han sido desalojado en varias ocasiones, pero los ocupantes se han vuelto a tomar el lugar. De hecho, han intentado ocupar todas las herramientas judiciales para poner trabas en el trabajo de la autoridad.
En la madrugada de este mismo miércoles, ocurrió un incendio en una de las cabañas y un taller, a raíz de lo cual la Armada presentó una querella.
Los ocupantes de las viviendas afirmaron que no tienen nada que ver con el siniestro, mientras que la intencionalidad debe ser investigada.
Fuente: Meganoticias
