Durante la tarde del jueves y tras la polémica por la publicación de un reportaje sobre gastos electorales, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ordenó abrir una investigación de oficio contra Karina Oliva, por presunto delito de fraude de subvenciones.
Lo anterior, luego que el medio de investigación Ciper diera cuenta de las altas cifras que recibieron siete asesores de Oliva, todos militantes de su partido Comunes, cuando ella era candidata a gobernadora por la Región Metropolitana y disputó la primera y segunda vuelta de esos comicios.
De acuerdo al reportaje, se consignaron boletas por un monto total de $137 millones. En su defensa, Karina Oliva alegó que debió pedir un crédito a BancoEstado para financiar su campaña y que todo estaba “en regla”.
Tras la repercusión que generó el caso, el Servicio Electoral (Servel) remitió durante esta jornada los antecedentes al Ministerio Público, lo que derivó finalmente en el mandato de la Fiscalía Nacional de realizar una investigación de oficio contra Oliva por fraude de subvenciones.
Para estos efectos, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, fue designado para encabezar estas diligencias. Hay que apuntar que la decisión de Abbott es por un delito común y de acción penal pública. El delito electoral, en cambio, requiere de una acción por parte del Servel.
