El titular del Ministerio Público Sur, Héctor Barros, resolvió destituir de sus cargos al fiscal Patricio Rosas y al abogado asesor Roberto Contreras, quienes en junio de 2020 y en compañía del secretario del Senado Raúl Guzmán, violaron la cuarentena al concurrir a un restaurante de mariscos en San Miguel, sin usar mascarillas, ni respetar la distancia física.
La decisión de Barros confirmó de esta manera la proposición formulada por fiscal administrativo del caso, Christian Toledo, quien luego de varios meses de indagatoria estimó que el cúmulo de antecedentes reunidos, hacían insostenible la continuidad de Contreras y Rosas en el organismo perseguidor.
De acuerdo a la información recabada por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, hubo una serie de hechos que fueron acreditados en el expediente que agravaron la situación de los aludidos.
El primero de ellos es que violaron la prohibición de circular en medio de la cuarentena decretada por la autoridad para almorzar en un lugar que solo podía vender comida vía delivery.
También se consideró que después del almuerzo, Contreras y Rosas volvieron al edificio que aloja a la Fiscalía Sur, donde procedieron a incumplir los protocolos de higiene y seguridad, ya que no se midieron la temperatura y usaron accesos laterales.
Otro hecho considerado fue el uso indebido del permiso de desplazamiento y no mantener una conducta funcionaria intachable, entre otros aspectos disciplinarios.
Una vez notificados, los profesionales podrán interponer dos recursos para salvar la situación. El primero es una reconsideración que debe ser dirigida al mismo Barros donde podrían solicitar la rebaja de la sanción.
Si este último mantiene su decisión de expulsarlos -como todo lo indica-, su último intento es recurrir ante el fiscal nacional, Jorge Abbott.
Fuentes de la entidad, indicaron que el caso es una “papa caliente” para Abbott y adelantan que podría usar el momento para enviar una señal de advertencia a los funcionarios del organismo que incumplan las normas dictadas por la autoridad sanitaria.
La perseguidora realizó una serie de diligencias con la PDI con miras a formalizar a Contreras, Rosas y Guzmán por infringir el artículo 318 del Código Penal, que sanciona el incumplimiento de las normas sanitarias, pero no alcanzó su cometido.
Lo anterior porque los imputados recurrieron al Tribunal Constitucional (TC), donde alegaron que la multa de 2 millones 500 mil pesos que les cursó la Seremi de Salud de Santiago ya había sancionado la infracción. De allí que si además les formulaban cargos penales, enfrentarían una segunda sanción por los mismos hechos.
