El Juzgado de Garantía de Concepción impuso medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas a tres funcionarios de la Primera Comisaría de Carabineros de Concepción que fueron formalizados por dos hechos distintos ocurridos en el contexto del «estallido social».
ATROPELLO INTENCIONAL
En el primero de ellos, se imputaron a un cabo las lesiones sufridas por un manifestante que fue atropellado por un radiopatrulla en Avenida Los Carrera con Castellón.
Por este mismo hecho, registrado el 5 de noviembre de 2019, a un teniente se le formularon cargos por la detención ilegal de la misma víctima, a quien se sindicó falsamente como autor de daños al vehículo policial, generando un parte que, a juicio de la Fiscalía, constituye el delito de falsificación de instrumento público.
El fiscal de derechos humanos Nelson Vigueras explicó que, en realidad, «como consecuencia del atropello intencional del carabinero, se rompe el parabrisas» de la patrulla.
A raíz de esto, contra norma y criterio, los funcionarios iniciaron «un procedimiento donde se detiene al manifestante por el delito de daños, y se redacta una detención en ese sentido. Por eso se formaliza por detención ilegal y falsificación de instrumento público», explicó Vigueras.
AGRESIÓN A UNIVERSITARIO
El segundo hecho ocurrió en San Martín con Rengo el 12 de noviembre de 2019, y afectó a un estudiante de Geología que sufrió una agresión en la que -según el Ministerio Público- tienen responsabilidad un capitán y dos cabos de Carabineros.
No obstante, al Juzgado de Garantía penquista compareció solamente uno de los suboficiales, por lo que se agendó una nueva audiencia -el próximo 29 de abril- para formalizar a los otros dos uniformados, eximidos en esta ocasión por razones de salud.
Al cabo de la formalización, el fiscal Vigueras indicó que las medidas cautelares dispuestas las considera «proporcionadas por ahora, considerando que se trata de una etapa inicial de la investigación».
«Lo que viene ahora es investigar: tenemos que analizar si vamos a requerir o no la práctica de alguna diligencia y, más adelante, tomar decisiones de naturaleza definitiva respecto del destino de la causa», indicó.
El tribunal otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de ambas investigaciones.
